La mayoría de los españoles solemos asociar -a mi juicio erróneamente- la independencia de las Comunidades Autónomas; respecto del Estado, como una consecuencia de la democracia frente al régimen franquista. Seguramente porque ha coincidido en el tiempo que con Franco no había CC.AA y después de Franco sí, cuando no tiene nada que ver con eso: en la mayoría de países civilizados, ricos o como quieran llamarse no existe este sistema de CC.AA, es decir, las distintas regiones de cada país no son un "mini-Estado" dentro de un Estado.
Los fuertes sentimientos nacionalistas de algunas regiones presionaron excesivamente a los promotores de la Constitución, que no repararon convenientemente en lo que se nos podía venir encima con el paso de los años, y aplicaron unas normas, que a fuerza de ser injustas, crean desconfianza entre los españoles y, lo que es peor, desigualdades económicas que podrían acabar con el tiempo en enfrentamientos civiles. Sobre este planteamiento acerca del concepto de Nación, respecto de las distintas nacionalidades que hay en España, advertía Julián Marías, en un artículo publicado en El País en 1978 y observaba en él algunas genialidades sobre el concepto de Nación, desde Sebastián de Covarrubias, Ricardo de la Cierva o Pi y Margall, que nunca han sido tenidas en cuenta a la hora del reparto autonómico.
En la situación de crisis actual que estamos soportando, es lógico y lícito pensar en replantearse todo el modelo del Estado, de hecho existen muchas voces más o menos autorizadas que así lo plantean abiertamente: que si eliminar el Senado, la Monarquía –con lo que ello conlleva-, las Diputaciones e incluso las CC.AA. Cada día se abren nuevos frentes que impulsan la desaparición total de las autonomías, nacionalidades, países o como quieran llamarse, porque hasta en eso metieron la pata nuestros “padres” de la Constitución.
En la mayoría de los países no existen Autonomías, al menos no con este formato administrativo. Existen administraciones locales que son cercanas al ciudadano y otras de nivel central que gestionan los recursos de manera general y nos les va nada mal. Aunque más que pensar en eliminar las autonomías creo que hay que replantearse la avalancha de cesiones y delegaciones de competencias a las mismas, que provocan unos estados dentro de un Estado y con ello una casta política autonómica que tiene influencia, según la proporción de votos, en los asuntos generales de todos los españoles y en el carácter decisorio del propio Gobierno, creando unos reinos de taifas que impiden remar en la misma dirección cuando las aguas se tornan bravas, como está ocurriendo ahora.
Son demasiados los departamentos autonómicos que generan gasto y multiplican innecesariamente el número de funcionarios, y sobretodo, cargos políticos que los ocupan, como es el caso de las delegaciones y subdelegaciones del gobierno y otras de carácter similar, en un suma y sigue, que parece no tener fin. Hay competencias que tendrían mucho mejor funcionamiento siendo estatales y otras a las que beneficia ser controladas por las CCAA, pero siempre con un buen ejercicio de racionalidad y supervisión por parte del Estado.
A estas alturas de la película cancelar los privilegios de las CC.AA que funcionan bien iría en detrimento de aquellas que funcionan mal, o lo que es lo mismo, no pueden pagar justos por pecadores. Pero la falta de control del Estado sobre las haciendas autonómicas induce a pensar, no sin razón, en que existe un despilfarro que no se puede tapar a costa de presionar impositivamente a las que generan riqueza. Es llamativo que las CC.AA más ricas sean las que menos casos de corrupción tienen y por el contrario, las más deprimidas sean las que más corrupción acumulan.
El problema, en definitiva, no es el modelo autonómico, sino la corrupción que genera ese modelo. El problema de Andalucía o Castilla-La Mancha, -por decir dos al vuelo- no es el de tener una autonomía, sino una concentración de corruptos y despilfarradores que nos ha llevado donde estamos. En cambio hay lugares como Vascongadas, que son un ejemplo a seguir en cuanto a la administración de su Hacienda.
Para terminar, me hago eco de la propuesta que lanza la presidenta de Castilla-La Mancha, de modificar el Estatuto de Autonomía para reducir a la mitad el número de diputados autonómicos y que estos parlamentarios dejen de cobrar el sueldo para dedicarse a su actividad privada. Esta propuesta que no deja de ser demagógica y controvertida con la actual Ley Electoral, lo único que haría sería dar más poder a los dos grandes partidos en detrimento de los más pequeños.
Si lo quiere hacer bien debería fijarse en el modelo suizo. Tener los mismos o más diputados, pero trabajando altruistamente los que no ocupen cargos de gobierno, tal y como hacen muchos concejales, presidentes de comunidades de vecinos, miembros de organizaciones no gubernamentales y asociaciones no lucrativas. Entretanto se seguirá poniendo en cuestión el modelo autonómico y la corrupción que genera.
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